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<title>Cartelera de noticias - Secretar&iacute;a de Investigaci&oacute;n | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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   <h1>Jornada sobre &ldquo;El acceso al aborto legal&rdquo;</h1>
  <div id="capa1"> <img src="imagenes/investigacion_novedades_acceso_al_aborto_legal.jpg" alt="El acceso al aborto legal" width="315" height="223" style="display:block; margin-bottom:10px" />
       <p><em>&ldquo;El Estado frente a la ausencia de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas adecuadas se hace presente para penalizar el aborto&rdquo;, expres&oacute; la Dra. Diana Maff&iacute;a.</em></p>
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   <p>     Con la organizaci&oacute;n de la Secretar&iacute;a de Investigaci&oacute;n de la Facultad de Derecho, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y el Centro de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo &ldquo;Igualitaria&rdquo;, el II Encuentro del Ciclo Derecho, Justicia y Reproducci&oacute;n, que abord&oacute; <strong><em>&ldquo;El acceso al aborto legal&rdquo;</em></strong>,  tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en el Sal&oacute;n Verde de la Facultad de Derecho. En esta ocasi&oacute;n, participaron con su exposici&oacute;n los abogados <strong>Marcelo Alegre</strong>, <strong>Virginia Men&eacute;ndez</strong>, <strong>Agustina Ram&oacute;n Michel</strong>, la soci&oacute;loga <strong>M&oacute;nica Petracci</strong>, la fil&oacute;sofa <strong>Diana Maffia</strong> y la m&eacute;dica <strong>Anal&iacute;a Messina</strong>.</p>
   <p> La primera en tomar la palabra fue la Dra. <strong>Virginia Men&eacute;ndez</strong>, quien present&oacute; un an&aacute;lisis de las regulaciones y las iniciativas regulatorias para el acceso al aborto no punible que se empezaron a probar en distintas instancias provinciales y municipales, abarcando el periodo del 2007 al 2009. Se cuestion&oacute; entonces qui&eacute;n tiene competencia para regular esta cuesti&oacute;n, ya que en el &aacute;mbito de la salud sexual y reproductiva existen diversidad de normas emitidas por legislaturas provinciales, Ministerios de Salud provinciales, Secretar&iacute;as de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y normas nacionales de aplicaci&oacute;n en todo el pa&iacute;s y de adhesi&oacute;n. Compar&oacute; adem&aacute;s las regulaciones vigentes, teniendo en cuenta si facilitan o dificultan el ejercicio de los derechos. En este orden de ideas, consider&oacute; que s&oacute;lo la nacional es amplia y desarrolla la atenci&oacute;n integral de la mujer, en cambio las dem&aacute;s son m&aacute;s escuetas. En cuanto a la interpretaci&oacute;n de las causales de no punibilidad, la mayor&iacute;a mencionan que el concepto de salud del C&oacute;digo Penal tiene que ser entendido en t&eacute;rminos de salud integral.</p>
   <p> Posteriormente, el Dr. <strong>Marcelo Alegre</strong> trat&oacute; la cuesti&oacute;n de la objeci&oacute;n de conciencia en la esfera de la salud sexual y reproductiva, postulando que se la utiliza como un instrumento para impedir la implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas de salud sexual y reproductiva o impedir el acceso a derechos sexuales y reproductivos, como el aborto no punible y el acceso a la anticoncepci&oacute;n de emergencia. As&iacute;, diferenci&oacute; dos objeciones de conciencia: la cl&aacute;sica y la nueva. Con respecto a la primera, aclar&oacute; que se desarroll&oacute; frente a la instituci&oacute;n del servicio militar obligatorio por la negativa de los integrantes de ciertos credos religiosos a realizar ciertas pr&aacute;cticas m&eacute;dicas como la transfusi&oacute;n de sangre. &ldquo;Consiste en el derecho de no ser obligado a realizar acciones que contrar&iacute;an convicciones &eacute;ticas o religiosas muy profundas del individuo&rdquo;, expres&oacute;. Adem&aacute;s, coment&oacute; algunos casos que la Corte Suprema de Justicia de la Naci&oacute;n ha resuelto con respecto a la objeci&oacute;n de conciencia. Aport&oacute; entonces los criterios que exhibe el fallo &ldquo;Portillo&rdquo;, entre ellos, que la objeci&oacute;n de conciencia es un derecho; que la libertad de conciencia excede la libertad de culto, alcanzando tambi&eacute;n las convicciones &eacute;ticas; que debe ser sincera; merece tutela aunque sea una creencia minoritaria; y deben distinguirse los casos que pueden llevar un peligro grave o inminente a los intereses protegidos por el Estado. En cambio, explic&oacute; que la nueva objeci&oacute;n de conciencia se fundamenta con razones que impugnan una pol&iacute;tica p&uacute;blica y la afectaci&oacute;n de derechos se agrava por centrarse en su mayor&iacute;a en un grupo doblemente desaventajado que son las mujeres en situaci&oacute;n de pobreza. Observ&oacute; tambi&eacute;n que la objeci&oacute;n de conciencia en el &aacute;mbito de la salud sexual y reproductiva se produce en la Argentina en un contexto de ausencia de garant&iacute;as de acceso igualitario y sin trabas a estas prestaciones por parte de todos los habitantes.</p>
   <p> A su turno, la Dra. <strong>M&oacute;nica Petracci </strong>exhibi&oacute; los resultados de la opini&oacute;n p&uacute;blica sobre los derechos sexuales y reproductivos, especialmente sobre el aborto, a trav&eacute;s de una encuesta nacional de 600 casos en ciudades de diferentes tama&ntilde;os, estando presentes cinco estratos poblacionales.</p>
   <p> Con respecto al grado de acuerdo en la despenalizaci&oacute;n del aborto en el pa&iacute;s, mostr&oacute; que el 45% se encuentra de acuerdo y 46% en desacuerdo. Precis&oacute; entonces que el acuerdo prima fundamentalmente en las personas adultas que viven en las ciudades de mayor cantidad de habitantes, en &aacute;reas metropolitanas y no religiosas. En particular, las ciudades intermedias y la zona geogr&aacute;fica de Cuyo est&aacute;n en contra. Adem&aacute;s, destac&oacute; que m&aacute;s de la mitad de la muestra reclama a las instituciones el lugar que deber&iacute;a tener el tema en sus agendas y que deber&iacute;an tomarse en cuenta los derechos de las mujeres.</p>
   <p> Por su parte, la Dra. <strong>Diana Maff&iacute;a</strong> se expres&oacute; a favor del aborto no punible y plante&oacute; algunos obst&aacute;culos para avanzar en el tema. As&iacute;, abord&oacute; los prejuicios con respecto a las mujeres que abortan y las razones por lo cual lo hacen. Remarc&oacute; que la decisi&oacute;n de abortar voluntariamente se produce frente al embarazo no deseado, por ello, la pol&iacute;tica deber&iacute;a basarse en evitar los embarazos no deseados, lo cual har&iacute;a bajar dr&aacute;sticamente el n&uacute;mero de abortos. Tambi&eacute;n opin&oacute; que la educaci&oacute;n sexual deber&iacute;a ser la primera pol&iacute;tica y se refiri&oacute; al acceso a la anticoncepci&oacute;n y al Programa Nacional, aunque reconoci&oacute; problemas con la distribuci&oacute;n. Mencion&oacute; asimismo que el aborto est&aacute; penalizado, excepto los casos del art&iacute;culo 86 y brind&oacute; dos consideraciones. En cuanto a la primera que toma al aborto como un delito, resalt&oacute; que el argumento de defensa de la vida s&oacute;lo piensa en el embri&oacute;n pero la vida de la mujer no est&aacute; contemplada cuando se habla del derecho a la vida. &ldquo;El aborto clandestino tiene m&aacute;s condiciones de inseguridad que el aborto con mecanismos terap&eacute;uticos apropiados&rdquo;, manifest&oacute;. Agreg&oacute; que reprimir y sancionar el aborto no disminuy&oacute; las cifras ni protegi&oacute; la vida de los embriones, pero s&iacute; aument&oacute; la mortalidad materna por aborto inseguro. En consecuencia, propuso considerarlo no como delito, sino como la resoluci&oacute;n de un conflicto moral que requiere de un sujeto racional entre una maternidad forzada y la interrupci&oacute;n de un embarazo, aunque admiti&oacute; que ninguna de las dos salidas es buena. &ldquo;El Estado frente a la ausencia de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas adecuadas se hace presente para penalizar el aborto&rdquo;, expres&oacute;. Describi&oacute; entonces que el Estado penaliza doblemente a las mujeres: con su ausencia, en las condiciones que habr&iacute;an hecho prever un embarazo no deseado y con su ausencia abusiva, al penalizar al aborto, al cual hubo que recurrir para superar un embarazo no deseado. Hizo referencia adem&aacute;s a la doctrina del doble efecto, la objeci&oacute;n de conciencia y cuestiones vinculadas con la religi&oacute;n.</p>
   <p> Acto seguido, la Dra. <strong>Agustina Ram&oacute;n Michel</strong> indic&oacute; que nuestro Derecho adopt&oacute; un modelo de indicaciones y existen otras opciones, entre ellas, un modelo de plazo, que se conoce como modelo de despenalizaci&oacute;n, es decir, cuando se permite abortar en el primer trimestre de embarazo. Hizo menci&oacute;n a dos dimensiones de debate: la implementaci&oacute;n de abortos y las posibilidades de reformas legales para avanzar en la liberalizaci&oacute;n de nuestra legislaci&oacute;n. Profundizando en la falta de implementaci&oacute;n del r&eacute;gimen de despenalizaci&oacute;n, se&ntilde;al&oacute; que existe una dimensi&oacute;n protectora del Derecho bajo el art&iacute;culo 86 y otra represiva, donde el propio Derecho fortalece muchas de las restricciones que se encuentran en la realidad social. Para pensar las barreras del acceso al aborto no punible, distingui&oacute; cuatro &aacute;mbitos: el individual social, el sistema de salud, el estatal regulatorio y el judicial. Observ&oacute; asimismo que se trata de un r&eacute;gimen de mucha obstrucci&oacute;n y de accesibilidad de tipo precaria. Tambi&eacute;n se pregunt&oacute; en qu&eacute; t&eacute;rmino se le pide soluciones al Derecho.</p>
   <p> Por &uacute;ltimo, la Dra. <strong>Anal&iacute;a Messina</strong> aport&oacute; la experiencia de llevar a la pr&aacute;ctica en el Hospital &Aacute;lvarez los casos de abortos no punibles que se presentan. Subray&oacute; entonces que el aborto es un problema de salud p&uacute;blica e hizo referencia a la Resoluci&oacute;n 1174/07 del entonces Secretario de Salud, que dado la presencia del art&iacute;culo 86 del C&oacute;digo Penal y la ley b&aacute;sica de salud 153 de la Ciudad Aut&oacute;noma de Buenos Aires, orden&oacute; la creaci&oacute;n de un Comit&eacute; Interdisciplinario para la resoluci&oacute;n de situaci&oacute;n de aborto no punible. &Eacute;ste debe estar integrado por equipos de tocoginec&oacute;logos y obstetras, el abogado de la instituci&oacute;n, el trabajador social y el equipo de salud mental conformado por los psic&oacute;logos y psiquiatras. A su vez, puntualiz&oacute; que la autoridad m&aacute;xima del hospital debe tomar conocimiento y suscribir todas las actas del Comit&eacute;, pudi&eacute;ndose convocar otros especialistas.</p>
   <p> En lo relativo a la atenci&oacute;n a v&iacute;ctimas de abuso y violencia sexual, marc&oacute; que siempre est&aacute; presente la evaluaci&oacute;n del da&ntilde;o en el aspecto de salud mental y la idea es que la decisi&oacute;n se haga en forma conciente y que la mujer est&eacute; acompa&ntilde;ada. Advirti&oacute; finalmente como debilidades, la falta de f&aacute;rmacos apropiados para hacer aborto medicamentoso, que no se coloque en la historia cl&iacute;nica como un diagn&oacute;stico sino que se mencione con eufemismos y la falta de conocimiento entre otros miembros de la comunidad hospitalaria que tienen sus propias cuestiones religiosas y legales, y que pueden obstaculizar las tareas<br />
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